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Santo Domingo, Rep. Dom.– La directora de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Milagros Ortiz Bosch, acudió este lunes a la sede de la Procuraduría General de la República (PGR) para informar sobre nuevas denuncias de corrupción administrativa y coordinar acciones conjuntas que fortalezcan la persecución penal de estos delitos.
Durante el encuentro, la funcionaria hizo entrega formal del expediente relativo a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel (CORAMON). Según explicó Ortiz Bosch, tras una investigación exhaustiva iniciada en agosto de 2025 por la DIGEIG, se determinó que los hechos denunciados presentan un carácter penal, lo que motivó su remisión inmediata a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), bajo el amparo de la Ley 133-11.
Protección a denunciantes
Uno de los puntos centrales de la visita fue la preocupación expresada por la titular de la DIGEIG respecto a las posibles represalias que podrían enfrentar los ciudadanos, informantes y testigos que colaboran en el esclarecimiento de irregularidades. Ortiz Bosch subrayó que es imperativo que estos casos sean gestionados por el órgano competente para asegurar el debido proceso y la integridad física y laboral de los involucrados.
En ese orden de ideas, informó que la institución que dirige se encuentra trabajando en la elaboración de una propuesta normativa. Esta iniciativa legal busca robustecer el marco de protección para quienes denuncian actos ilícitos, considerándolo un pilar fundamental para fomentar la cultura de transparencia y rendición de cuentas en el Estado.
Compromiso institucional
La funcionaria reafirmó que la lucha contra la corrupción es una prioridad para el actual Gobierno dominicano. Aseguró que la DIGEIG mantendrá una colaboración estrecha con las autoridades judiciales para garantizar que las denuncias de la ciudadanía no queden en la impunidad.
“Estamos aquí para respaldar al ciudadano que cumple con su deber de denunciar y para asegurar que las instituciones funcionen de manera coordinada en la persecución del delito administrativo”, concluyó la directora al término de su reunión en la Procuraduría.
