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SANTO DOMINGO, R.D. El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció este lunes una supuesta “diferenciación política” en la actuación del Ministerio Público, asegurando que el órgano acusador aplica un trato “suave y discreto” a los vinculados al Partido Revolucionario Moderno (PRM), mientras persigue de forma “cruel y humillante” a dirigentes o relacionados al PLD y a la ciudadanía en general.
La organización política, al fijar posición sobre el caso de fraude contra la ARS SeNaSa, afirmó que la justicia se encuentra “absolutamente dependiente del poder político” y está siendo manipulada para mantener la hegemonía del partido de gobierno.
El vicepresidente del PLD, Yván Lorenzo, encabezó la rueda de prensa en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez, acompañado por el también vicepresidente Temístocles Montás y el secretario de Asuntos Jurídicos, José Dantés Díaz.
Dos Caras de la Justicia
Según Lorenzo, esta dependencia política se manifiesta en dos procedimientos radicalmente opuestos.
Trato al PRM: Cuando los imputados están ligados al partido de gobierno, el Ministerio Público actúa con suavidad, discreción y plenas garantías. Sostuvo que en estos casos se evita el espectáculo mediático, no se realizan allanamientos televisados ni operativos de madrugada, y se garantiza el hermetismo, con “cero filtraciones, cero escándalos mediáticos, cero juicios anticipados”. De esta manera, se protege la imagen del PRM y se manejan en silencio situaciones sensibles, como solicitudes de extradición, detalló el dirigente.
Trato a la Oposición y Ciudadanos: En marcado contraste, la investigación de miembros del PLD o ciudadanos comunes desata la “otra cara” del Ministerio Público. Lorenzo comparó este proceder con allanamientos a altas horas de la madrugada (3 o 4 a. m.), convocando cámaras de televisión para crear un “espectáculo mediático”, y el uso exagerado de cascos, chalecos y armas largas. Denunció que se han visto personas sacadas sin ropa frente a sus familias y vecinos, filtraciones masivas de expedientes voluminosos antes de que lleguen a los abogados defensores y solicitudes de coerción desproporcionadas.
El vicepresidente peledeísta aseguró que este comportamiento “no es técnico ni jurídico, sino político”, y lo calificó como un caso típico de lawfare: el uso del sistema penal con fines políticos.
Al concluir su presentación, el PLD reafirmó que lo denunciado evidencia una “justicia selectiva, cuyo criterio de actuación no es jurídico, sino claramente político”, lo que representa un riesgo político o electoral para el partido de gobierno.
