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Santo Domingo. El Ministerio Público de la República Dominicana, bajo la dirección de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso, anunció un plan para capacitar a 100 abogados especializados en la persecución de casos de maltrato animal. La medida busca reforzar la aplicación de la Ley de Protección Animal y Tenencia Responsable y asegurar la representación legal en los 35 distritos judiciales del país.
El anuncio fue realizado por Reynoso durante su participación en el panel “Justicia para los que no tienen voz: desafíos y avances en la protección animal en la República Dominicana”, celebrado en el primer Festival de Animales en Santo Domingo. La procuradora explicó que los juristas están siendo formados en la Escuela del Ministerio Público y tendrán la misión de dar seguimiento a denuncias de maltrato, además de representar a otras víctimas en condición de vulnerabilidad.
Reynoso reiteró el compromiso del Ministerio Público con la protección legal de los animales. Subrayó que «todo acto de maltrato animal debe ser procesado», dado que la legislación lo ampara en todo el territorio nacional. Además, enfatizó el componente de prevención y seguridad ciudadana, al advertir que el maltrato animal a menudo está asociado a otras formas de violencia social, como las agresiones en el hogar y la comunidad, indicando la necesidad de perseguir y trabajar con estas personas.
La titular del Ministerio Público también señaló los principales desafíos operativos de la institución. Entre ellos, mencionó la falta de espacios adecuados para la recuperación y rehabilitación de los animales rescatados durante los procesos judiciales. En este contexto, informó que el organismo realiza autopsias a animales cuando el proceso judicial lo requiere y aprovechó la plataforma para hacer un llamado al Congreso Nacional para que se reforme la ley vigente a fin de adecuar y revisar las sanciones impuestas.
Finalmente, Reynoso recordó a la ciudadanía lo que legalmente se considera maltrato animal, que incluye no solo los golpes, sino también la falta de alimentación adecuada, la permanencia en espacios sin libertad, o la exposición sin protección ante el sol o la lluvia. La procuradora fue enfática al afirmar que «existe una ley de protección animal, y nadie puede alegar desconocimiento», instando a la sociedad a asumir su responsabilidad en el bienestar animal.