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Santo Domingo, Rep. Dom.- El cardenal y reconocido médico Pedro Ureña se sumó a las voces de indignación tras revelarse el entramado de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), exigiendo que sobre los profesionales de la medicina implicados no solo recaiga el peso de la ley penal, sino también sanciones éticas definitivas como el retiro de su exequátur para ejercer.
Ureña calificó como inaceptable que miembros de la comunidad médica utilicen su posición para defraudar el sistema de seguridad social, afectando directamente la calidad del servicio a los afiliados. Según el especialista, este tipo de acciones constituye una violación grave al juramento hipocrático, por lo que instó a los organismos competentes y gremiales a actuar con firmeza para sentar un precedente que desincentive la corrupción en el sector salud.
Reacción del Gobierno y avances judiciales
La exigencia de Ureña coincide con las declaraciones del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, quien destacó que este proceso evidencia un cambio en la institucionalidad del país. Paliza afirmó que la justicia dominicana «ya deja de mirar al Palacio Nacional antes de actuar», resaltando que el Ministerio Público hoy procesa con total independencia bajo un gobierno que prioriza los valores éticos.
Este respaldo institucional surge tras la decisión del juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien impuso 18 meses de prisión preventiva al exdirector de SeNaSa, Santiago Hazim, señalado como la cabeza de una estructura que cometió fraudes millonarios durante los últimos cinco años.
Distribución de las medidas de coerción
Junto a Hazim, fueron enviados a prisión preventiva Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera. La contundencia de las pruebas presentadas por los fiscales de la Pepca y la Dirección de Persecución fue clave para fundamentar la peligrosidad y gravedad de los hechos.
Por otro lado, el tribunal dictó arresto domiciliario e impedimento de salida del país para Cinty Acosta, Heidy Mariela Medina y el empresario Eduardo Read Estrella. En estos casos, el magistrado consideró su colaboración activa con el Ministerio Público durante la fase de investigación, lo que facilitó el desmantelamiento de la red en la denominada Operación Cobra.
El Ministerio Público ha advertido que la investigación continúa abierta y que se encuentran trabajando en la «versión 2.0» del caso para incluir a más responsables de este desfalco al patrimonio público.
