|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Santo Domingo. Rep. Dom. El Ministerio Público puso en marcha este sábado la Operación Cobra, una acción de judicialización por el supuesto decomiso del dinero sustraído al patrimonio público y la aplicación de sanciones penales contra una red acusada de defraudar al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) por miles de millones de pesos.
En el marco de esta operación, fue arrestado el exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, junto a otras siete personas imputadas de participar en el esquema fraudulento. Los detenidos incluyen a Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera. El MP informó que las indagatorias continúan abiertas, buscando judicializar a otras personas físicas y jurídicas a medida que avancen las investigaciones.
Despliegue Operativo y Acusaciones
La Operación Cobra se desplegó mediante 12 allanamientos simultáneos. Un equipo de 25 fiscales, apoyados por más de 200 agentes de la Policía Nacional, ejecutó los arrestos y recopiló evidencias.
El Ministerio Público imputa a los apresados delitos graves que incluyen coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos. La investigación ha revelado un esquema de corrupción sistemático, supuestamente instalado por el exdirector ejecutivo de SeNaSa en colusión con funcionarios de la ARS y prestadores de servicios de salud, en perjuicio del Estado dominicano. Entre las evidencias recabadas se encuentran sobornos a gran escala, adulteraciones de estados financieros y la creación de programas especiales sin sustento jurídico que se utilizaron para desviar fondos.
El Compromiso del Ministerio Público
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, adelantó que el Ministerio Público realiza grandes esfuerzos para que quienes atentaron contra la salud de la población, afectando especialmente a los más necesitados, paguen por sus hechos y devuelvan al Estado cada peso sustraído.
Reynoso recordó que SeNaSa, como administradora de riesgos de salud, pertenece a todos los dominicanos, por lo que el fraude representa una afectación a un bien colectivo que impacta directamente el derecho constitucional a la salud. «La Operación Cobra llegará hasta el final de este caso. Estamos realizando grandes esfuerzos para que, además de las sanciones penales, los responsables de defraudar a todos los ciudadanos también retornen al Estado dominicano cada peso sustraído del patrimonio público», enfatizó.
Las acciones de la Operación Cobra son dirigidas por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y la procuradora de corte Mirna Ortiz, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con la participación de un equipo de fiscales expertos en investigaciones de criminalidad organizada.
