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El arresto de Santiago Hazim, exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), junto a otros implicados en un presunto esquema de corrupción administrativa, no es solo una noticia; es un termómetro crucial de la salud institucional del país. Este suceso, que se materializó en las últimas horas tras meses de informes y especulaciones, pone de relieve una verdad incómoda: la impunidad sigue siendo el principal enemigo de la democracia.
La detención de Hazim y sus coimputados, bajo señalamientos graves relacionados con el manejo de fondos públicos destinados a un área tan sensible como la salud, trasciende la figura individual del exfuncionario. Lo que está en juego es la credibilidad del sistema. Es la respuesta del Estado a la pregunta que millones de ciudadanos se hacen: ¿realmente hay consecuencias para quienes utilizan el servicio público para el enriquecimiento personal?
El hecho de que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) avance con la acción judicial es un paso necesario, pero insuficiente si no se traduce en expedientes sólidos y condenas definitivas. La ciudadanía dominicana ya está fatigada de los “bultos” judiciales: casos mediáticos que resultan en prisiones preventivas prolongadas y, finalmente, terminan desinflándose en los tribunales por deficiencias procesales. El mensaje debe ser claro: no se buscan titulares; se busca justicia.
En este contexto, las palabras del presidente de la República, quien ha insistido en que «puede tener amigos, pero no cómplices», cobran una relevancia capital. Esta postura debe ser demostrada con hechos tangibles. La independencia y la firmeza del Ministerio Público en este caso, al igual que en otros de alto perfil, son el pilar que sostiene la promesa de un cambio de cultura política. Si el actual proceso culmina con sentencias justas, se enviará una señal poderosa de que nadie está por encima de la ley.
El caso SeNaSa es especialmente delicado porque involucra recursos vitales para la población más vulnerable. Cada peso presuntamente desfalcado representa una negligencia médica, un tratamiento no cubierto o una vida potencialmente en riesgo. Por ello, la sociedad civil y los medios de comunicación deben ejercer una veeduría incansable.
Esperamos que el proceso legal se desarrolle con el debido respeto al derecho de defensa, pero con la determinación inquebrantable de esclarecer la verdad. La transparencia en la presentación de pruebas y la celeridad en la resolución del caso son imperativos. La confianza pública, esa divisa que se pierde fácilmente y se recupera con esfuerzo titánico, depende de que esta nueva batalla contra la corrupción se libre hasta el final.
Este artículo refleja la opinión del autor y no necesariamente la línea editorial de este medio.
