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Santo Domingo, Rep. Dom.- El sistema judicial dominicano ha fijado una postura firme respecto a las recientes acusaciones contra el cantante Julio Iglesias. El magistrado Hendrich Ramírez, quien dirige la Unidad de Atención a Víctimas de la Procuraduría Fiscal de La Altagracia, aclaró que en el país no es jurídicamente viable abrir un proceso penal contra el artista mientras no existan denunciantes formalmente identificados y localizados. Según explicó el funcionario, la puesta en marcha del protocolo de investigación depende directamente de conocer la identidad de las víctimas para realizar las evaluaciones correspondientes.
Esta reacción surge tras la decisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España de archivar una denuncia presentada por dos exempleadas domésticas que trabajaron en las residencias del cantante en República Dominicana y Bahamas. Las querellantes acusaban al intérprete de 82 años de presuntos delitos que incluían maltrato laboral, trata de personas y abusos sexuales. Sin embargo, la justicia española fundamentó el cierre del expediente en la falta de jurisdicción, determinando que sus tribunales no tienen competencia territorial para juzgar hechos ocurridos en el extranjero.
El magistrado Ramírez enfatizó que la identificación de las presuntas víctimas es un requisito indispensable para que las autoridades dominicanas puedan actuar bajo el amparo de la ley. En este sentido, señaló que las declaraciones directas y las evaluaciones psicológicas y físicas son piezas esenciales en casos de esta naturaleza, por lo que la falta de participación activa de las querellantes imposibilita el inicio de cualquier acción legal en territorio dominicano.
La denuncia original fue depositada el 5 de enero ante las autoridades españolas con el apoyo de la organización Women’s Link Worldwide. El documento no solo señalaba al cantante, sino también a varias personas encargadas de sus mansiones en el Caribe, a quienes se acusaba de colaborar en delitos contra la libertad sexual, lesiones y violaciones a los derechos laborales bajo condiciones de servidumbre. Los supuestos incidentes habrían tenido lugar entre enero y octubre de 2021.
A pesar de que el archivo en España no entró a evaluar si las acusaciones eran ciertas o falsas, la resolución se limitó estrictamente a una cuestión de competencia. Al haberse desestimado en Europa por razones geográficas, la responsabilidad de una eventual investigación recae ahora en los países donde ocurrieron los hechos, siempre y cuando las víctimas se presenten ante las fiscalías locales para formalizar el proceso que la ley dominicana exige.
