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Santo Domingo, Rep. Dom.- El presidente Luis Abinader promulgó hoy lunes la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, introduciendo las modificaciones cruciales que habían sido observadas por el Ejecutivo en julio pasado. Esta pieza legislativa clave, que fue previamente aprobada por el Congreso Nacional tras acoger las observaciones presidenciales a principios de diciembre, establece un marco regulatorio estricto y plazos definidos para transformar el manejo de desechos y la industria del plástico en el país.
La nueva legislación pone la mira directamente en la eliminación gradual de materiales altamente contaminantes. Se ha fijado un plazo de 12 meses para que los plásticos de un solo uso y los envases de foam (poliestireno expandido) sean desmontados progresivamente del mercado. Sin embargo, para productos específicos, como los platos que incorporan tapas integradas, el desmonte tiene una gracia de 24 meses, buscando facilitar la transición y el desarrollo de alternativas. De manera más inmediata, la ley prohíbe, a partir de los 60 días de su promulgación, la importación de sorbetes, cubiertos y tapas plásticas que no demuestren ser biodegradables, marcando un cambio rápido en las cadenas de suministro.
El sector industrial se enfrenta a nuevos y obligatorios compromisos ambientales. Los fabricantes de envases plásticos deberán incorporar al menos un 30% de resina reciclada en sus procesos productivos, incentivando la economía circular. Paralelamente, las empresas cementeras tendrán que sustituir el 30% de sus combustibles fósiles por combustible derivado de residuos sólidos, una medida que formaliza y amplía el coprocesamiento como solución energética y de manejo de desechos.
En términos de gestión y financiamiento, la ley reafirma la contribución especial obligatoria que las entidades jurídicas deben aportar para sostener el sistema integral de residuos, calculada en función de sus ingresos anuales. Además, buscando mayor eficiencia y transparencia, la normativa busca explícitamente erradicar las estructuras de monopolio en la recogida de desechos y establece que los residuos no podrán permanecer más de 48 horas en las estaciones de transferencia, un límite diseñado para acelerar los procesos y reducir los riesgos sanitarios asociados a la acumulación.
