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Santo Domingo, Rep. Dom. – En una audiencia que se extendió hasta la noche de este domingo, el juez de la instrucción Rigoberto Sena Ferreras dictó medidas de coerción contra los diez imputados de la Operación Cobra, un entramado de corrupción administrativa que afectó directamente los fondos de los afiliados del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). El magistrado, tras valorar la investigación presentada por el Ministerio Público, impuso 18 meses de prisión preventiva a siete de los vinculados, liderados por el exdirector de la institución, Santiago Marcelo Hazim Albainy.
Junto a Hazim Albainy, quien es señalado como el cabecilla de la estructura, deberán cumplir la medida de privación de libertad en los centros de Najayo Hombres y Mujeres los imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ada Ledesma Ubiera y Ramón Alan Speakler Mateo. Por su parte, para Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, el tribunal dispuso arresto domiciliario, impedimento de salida del país y la imposición de garantías económicas.
Al término de la audiencia, el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, calificó la decisión como histórica. Camacho resaltó que el juez fundamentó su fallo en la extrema gravedad de los hechos, llegando a calificarlos como «crueles», «una traición» y una «locura colectiva». Según explicó el magistrado en su motivación, la magnitud del daño causado a la salud pública permitió incluso comparar el esquema delictivo con una forma de «holocausto» financiero contra los ciudadanos.
El titular de la persecución, quien estuvo acompañado por la procuradora de corte Mirna Ortiz y un equipo de seis fiscales, subrayó que el tribunal reconoció la contundencia de las pruebas documentales y testimoniales aportadas. Asimismo, destacó que la colaboración prestada por algunos de los procesados durante la etapa de investigación fue un elemento clave para determinar la diferenciación de las medidas impuestas a los diez implicados, quienes en la práctica se encuentran todos bajo restricción de libertad.
Finalmente, el Ministerio Público advirtió que este proceso apenas comienza. Wilson Camacho anunció que los equipos de la Pepca y la Dirección de Persecución trabajan sin descanso para presentar en el menor tiempo posible la «versión 2.0» de la Operación Cobra. Esta nueva fase del caso buscará traducir a la justicia a otras personas físicas y empresas que habrían participado en el fraude, reafirmando el compromiso del órgano persecutor de procesar a todo aquel que haya sustraído patrimonio público.
