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RÍO DE JANEIRO, Brasil. – Tras la letal operación policial que cobró 132 vidas en las favelas de la zona norte de Río de Janeiro, los testimonios de los habitantes y las evidencias forenses han elevado denuncias de graves violaciones a los derechos humanos y posibles ejecuciones extrajudiciales, provocando una enérgica condena internacional.
Medios locales reportaron que, un día después de la operación, habitantes de la favela de Penha trasladaron y expusieron 64 cadáveres en la plaza São Lucas. Los testimonios recogidos por la prensa señalan que los cuerpos fueron encontrados con signos de tortura y ejecución, incluyendo manos atadas, puñaladas y disparos en la boca.
Rayune Diaz Ferreira, habitante de Penha, lamentó el abandono estatal, declarando que fueron los propios vecinos quienes tuvieron que cargar los cuerpos e intentar identificar a sus familiares sin la participación activa de las autoridades. El activista Raull Santiago describió la exposición de los cuerpos como una «escena que entra para la historia de terror de Brasil» y un reflejo de la ineficiencia y la parcialidad de la política de seguridad pública de Río.
Reacción Internacional
La magnitud del evento provocó una fuerte reacción de organismos internacionales.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de su oficina para los Derechos Humanos, se declaró «horrorizada» por las consecuencias del operativo, destacando que el suceso evidencia una tendencia de acciones policiales letales en comunidades marginadas. La ONU urgió a las autoridades brasileñas a realizar investigaciones «prontas y efectivas» en cumplimiento de sus obligaciones bajo el derecho internacional.
Por su parte, Human Rights Watch (HRW) calificó el operativo como un «desastre» y pidió a la Fiscalía investigar a fondo las circunstancias de cada muerte. César Muñoz, director de la ONG en Brasil, sentenció que una operación que resulta en la muerte de más de 60 residentes y policías es una «enorme tragedia».
Organizaciones de derechos humanos brasileñas han solicitado la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pidiendo la presencia de interventores y peritos internacionales para esclarecer los hechos.
