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SANTO DOMINGO. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) puso a disposición de las instituciones del Estado la “Guía para la prevención y detección de colusión”, una herramienta clave para la identificación temprana de prácticas anticompetitivas que causan cuantiosas pérdidas a las finanzas públicas.
Según estimaciones internacionales presentadas por el consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mario Umaña, las pérdidas por colusión en las contrataciones públicas representan entre $2,500 y $5,000 millones de dólares para la República Dominicana, una cifra que podría cubrir casi la mitad del actual déficit fiscal del país.
Umaña subrayó que actuar contra esta conducta ofrece una «oportunidad enorme» a la República Dominicana para impactar significativamente sus finanzas. En el mismo evento, el experto de la OCDE, Paulo Burnier, indicó que las compras públicas representan alrededor del 25% del gasto público en América Latina, lo que magnifica el impacto negativo de cualquier distorsión en la implementación de políticas públicas y el manejo de fondos estatales.
La presidenta del Consejo Directivo de ProCompetencia, María Elena Vásquez Taveras, destacó que las compras públicas son un área sensible y estratégica de la administración. Afirmó que la guía es el resultado de un trabajo colaborativo que refleja el compromiso de la institución con la integridad del gasto público, buscando que la ética, la transparencia y la competencia se conviertan en la norma en los procesos de contratación.
La guía contiene herramientas prácticas dirigidas a los funcionarios para alertar sobre posibles prácticas anticompetitivas. Estas incluyen el análisis de patrones de participación entre los oferentes, la detección de conductas y precios sospechosos, y otros aspectos que buscan proteger la competencia en el mercado. El director de Promoción y Abogacía de la Competencia, José Beltré Cuevas, enfatizó que este instructivo busca ser «el aliado diario de cada funcionario que interviene en un proceso de compras públicas».
Vásquez Taveras aprovechó la ocasión para valorar los avances logrados en el país para prevenir la colusión, resaltando la alianza estratégica con la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig). Esta colaboración ha permitido capacitar a cerca de 800 funcionarios en la identificación de señales de alerta y patrones sospechosos en las licitaciones públicas, convirtiéndolos en «guardianes de la competencia en sus instituciones», según la directora jurídica de la Digeig, Delta Paniagua.
Esta jornada fue el evento inaugural de la tercera Semana de la Competencia, que reunió a expertos nacionales e internacionales. Los participantes coincidieron en la necesidad de fortalecer la capacidad de los países para prevenir prácticas anticompetitivas, debido a los efectos negativos que estas generan sobre los recursos del Estado y, consecuentemente, sobre el bienestar de la población.
Durante el panel «Transparencia, compras públicas y competencia: una sinergia necesaria», expertos del BID, Paraguay, UNCTAD y la George Washington University profundizaron en estrategias para fortalecer la transparencia en las contrataciones y prevenir conductas que distorsionan la libre competencia.
